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Acuerdo
para la seguridad democrática
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Las
respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al
delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que
domina el debate público y orienta muchas de las acciones
del Estado en la materia, exigen una discusión abierta
y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre
políticas democráticas de seguridad que atiendan
las legítimas demandas de la sociedad.
Esta
situación exige instituciones de seguridad comprometidas
con valores democráticos y el rechazo a políticas
demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas
sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo
agravan el problema y reproducen la violencia.
1.
El Estado frente al problema del delito
En
nuestro país, la acción del Estado frente al
incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente
a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la
ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En
los últimos años, algunos procesos de reforma
de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables,
pero fueron interrumpidos para volver a políticas de
probado fracaso.
2.
El engaño de la mano dura
Las
políticas de mano dura no han reducido el delito, han
aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado
la gobernabilidad democrática.
La
delegación de la seguridad en las policías,
el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías
y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo
basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes
de estas políticas de mano dura.
Los
reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados
para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable
que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta
sucesión de intervenciones erradas ha constituido un
impedimento para la profesionalización de las policías
y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en
las que intervienen funcionarios públicos.
3.
Responsabilidad del Estado
El
Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población
el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción
de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino
indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe
proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables
y sancionarlos cuando corresponda.
Una
adecuada política criminal y de seguridad requiere:
una policía eficaz en la prevención, de alta
profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal
que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen
la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido
proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario
que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución
de la pena con sentido resocializador.
4.
Una concepción integral de la seguridad
La
manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar
sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con
miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción
integral de la seguridad implica tanto la prevención
de la violencia física como la garantía de condiciones
de vida dignas para toda la población. Esto requiere
estrategias de abordaje integral que articulen las políticas
de seguridad con otras políticas públicas, y
complementen las acciones del sistema penal con intervenciones
de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales
deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar
una mayor protección para los sectores excluidos, de
modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema
de la seguridad, el diseño e implementación
de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos
basados en información veraz y accesible al público.
La producción de esa información es también
una responsabilidad indelegable del Estado.
5.
Gestión democrática de las instituciones de
seguridad
Todo
gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción
civil y estratégica de las policías, que supone
el pleno control de la institución. La prevención
y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere
un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas
de seguridad pública formuladas por las autoridades
gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación
de esta responsabilidad permitió la conformación
de "estados mayores policiales", autónomos,
que han organizado vastas redes de corrupción, llegando
a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los
lineamientos básicos para una modernización
y gestión democrática de las instituciones de
seguridad son: la integración de las labores policiales
de seguridad preventiva e investigación del delito;
la descentralización institucional de la organización
policial a nivel distrital y comunal; la integración
de la policía con la comunidad y los gobiernos locales
en la prevención social de violencia y delito; el control
interno de carácter civil y control externo del desempeño
y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación
policial no militarizado y anclado en valores democráticos;
el régimen profesional basado en el escalafón
único y las especialidades policiales.
6.
Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las
medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada
crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños
delitos y a los autores más jóvenes, bajo la
falsa creencia de que así se limita el avance de la
criminalidad.
La
realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes
está asociado a la acción de poderosas redes
delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que
aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por
lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad
exige reorientar los recursos de prevención y de investigación
penal hacia la desactivación de estas redes de delito
y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal,
en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene
un rol fundamental en estas tareas.
Una
policía judicial, dependiente del Ministerio Público
Fiscal, traerá transparencia en la investigación
penal preparatoria.
7.
Gestión policial no violenta en el ámbito público
La
gestión democrática de la seguridad debe garantizar
la regulación del accionar policial en los operativos
en el espacio público, tales como espectáculos
deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social
y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer
con rango normativo estándares de actuación
en el espacio público, de modo de asegurar un uso de
la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar
las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8.
El papel de la justicia
El
Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble
responsabilidad fundamental en el impulso de políticas
de seguridad democráticas, en la investigación
rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre
el uso de la prisión preventiva, las condiciones de
detención, y la violencia institucional.
9.
Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En
nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas
de libertad. Las condiciones inhumanas de detención,
los índices sostenidos de sobrepoblación en
cárceles, comisarías e institutos de menores,
la ausencia de reinserción social, las prácticas
sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría
de presos sin condena son los rasgos más evidentes
de los lugares de detención.
Una
política democrática de seguridad tiene que
ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva
y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para
la readaptación de la persona condenada, y no contribuya
como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de
los problemas críticos de violencia, injusticia y delito
que se propone resolver.
10.
Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para
cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad
a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos,
es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social
amplio que permita avanzar en el diseño e implementación
de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas
a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas
sociales en materia de seguridad.
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